A Samuel le vale ‘Cacahuato’

Un nuevo escándalo en el gobierno de Samuel García: el DIF Nuevo León ha realizado 14 transferencias por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, un proveedor estatal que pertenece a un grupo empresarial que contrató los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho propiedad del gobernador de Nuevo León y de su padre, Samuel García Mascorro. La transacción fue reportada originalmente por el medio Latinus.

Este no es un simple conflicto de interés. Es la exhibición de un modus operandi para triangular recursos entre el gobierno del estado, sus contratistas y el despacho familiar de los García Sepúlveda. El epicentro de poder en la administración estatal no está en Palacio de Cantera, sino en los pisos 30 a 33 de la Torre Helicon, en José Clemente Orozco 329 en San Pedro Garza García. El negocio de “soluciones fiscales” de la familia del gobernador de Nuevo León se ha convertido en un instrumento para monetizar relaciones políticas.

Código Magenta tuvo acceso a datos recabados por una agencia de inteligencia del Estado mexicano sobre las cuentas de dos empresas de las que el gobernador es accionista: Firma Jurídica y Fiscal Abogados y García Mascorro FJF. Desde que Samuel García llegó a Palacio de Cantera, estos despachos han facturado 1,781 millones de pesos, el triple que lo que habían facturado entre 2015 y 2021. De ese monto, 427.8 millones de pesos corresponden a transferencias hechas por proveedores registrados del gobierno de Nuevo León como North American Heavy Equipment, Desarrollos Inmobiliarios La Laguna o Tordec.

Pero, enfoquémonos en el caso más reciente. Comercializadora Don Cacahuato provee despensas y desayunos escolares en todo el país. La empresa pertenece a Grupo Cimarrón, propiedad de Teodoro González Ramos y Teodoro Martínez Ruiz. En septiembre de 2023, Distribuidora Damago, otra subsidiaria de Grupo Cimarrón, emitió una transferencia por 4.6 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

La mayoría de los contratos fueron asignados a Comercializadora Don Cacahuato bajo la gestión de Miguel Sánchez como titular del DIF Nuevo León. Se trata del actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y de un amigo personal de Samuel García y de Mariana Rodríguez Cantú, la titular de la Oficina Amar a Nuevo León que se hizo responsable, al menos mediáticamente, de la implementación de una nueva política, supuestamente “más humana”, en el DIF Nuevo León.

El trabajo de Sánchez terminó en tragedia. En junio de 2022, fue relevado de su cargo en el DIF estatal sin que el gobierno lo hiciera público. Su salida está vinculada a un proceso judicial que investiga su probable responsabilidad por negligencia en el asesinato de Ángel Moreno, un menor de edad, en el DIF Fabriles. Este expediente también se ha vuelto una debilidad política para Mariana Rodríguez Cantú, de acuerdo a personas cercanas a la investigación. Siguiendo la marca del gobierno de Samuel García, Sánchez promovió un amparo en mayo de 2023 para no ser imputado por esta causa. ¿Por qué el gobernador designó como titular del DIF a un abogado fiscalista sin experiencia en política social? El único legado relevante de Miguel Sánchez en el DIF Nuevo León fueron los contratos asignados irregularmente al Grupo Cimarrón.

Triangulaciones como las de Comercializadora Don Cacahuato se repiten una y otra vez. Entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, el gobierno de Samuel García asignó contratos por 964.7 millones de pesos a Suministro MYR, una compañía de servicios de alimentación a centros penitenciarios. De manera paralela, Suministro MYR facturó 237.2 millones de pesos a una empresa hermana que comparte al miso socio fundador y forma parte del mismo grupo económico, Proveedor de Productos Mexicanos JACE. Esta compañía realizó un pago de 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados. La transacción, que representa exactamente el 21 por ciento del monto de las facturas estatales de Suministro MYR, se efectuó apenas once días después de haber iniciado la administración de Samuel García.

Tercer caso: Miguel Ángel Rojas Galván, quien fue empleado de Firma Jurídica y Fiscal Abogados durante ocho años y que actualmente es el director Jurídico Tributario del gobierno estatal, asignó contratos por 140 millones de pesos a ECM Soluciones Fiscales, una empresa que comparte domicilio con el despacho de Samuel García y de su padre. ECM Soluciones Fiscales fue contratados para resolver litigios fiscales del gobierno de Nuevo León, una tarea que corresponde a la dependencia de Rojas Galván.

Los ex empleados de Firma Jurídica y Fiscal Abogados se han vuelto operadores clave del gobierno de Samuel García. Carlos Mendoza Cano, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, y Félix Arratia, ex titular del SAT estatal y de la Secretaría de Medio Ambiente, han sido señalados de manera reiterada por distintos grupos empresariales de incurrir en presuntas prácticas de extorsión.

Lo mismo sucede con Carlos Contreras Segovia, el titular de la Dirección de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas. Antes de llegar a Nuevo León, Segovia era un alto funcionario del SAT estatal con vínculos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Ahora, es el encargado del gobierno de Samuel García de auditar todos los permisos de importación de empresas de hidrocarburos, un sector que coincidentemente ha mostrado un crecimiento meteórico en el despacho García Mascorro FJF. La compañía del gobernador de Nuevo León, de su padre y de su medio hermano registra transferencias por 370.8 millones de pesos provenientes de empresas del sector energético, algunas de ellas etiquetadas como ‘huachicoleras’, de acuerdo a empresarios líderes de la industria consultados por Código Magenta.

El propio secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, reconoce que a la fecha existen al menos 200 carpetas de investigación en contra de funcionarios estatales.

El nuevo escándalo de la administración de Samuel García emerge en un contexto complicado para el gobernador: la Fiscalía General de la República ha abierto al menos una decena de investigaciones en contra suya, de su familia y de su jefe de oficina, Miguel Flores Serna. En septiembre del 2023, un juez federal con sede en Reynosa, Tamaulipas le otorgó un amparo a García y a sus allegados en relación a estas causas.

El contrato más reciente que el DIF Nuevo León ha asignado a Comercializadora Don Cacahuato se aprobó en marzo de 2024. En pocas palabras, a Samuel García todo esto le vale ‘cacahuate’.