¿A quién espía la FGR?

¿Qué pasó?

El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar las versiones públicas de solicitudes y requerimientos de intervenciones a comunicaciones privadas, llevada a cabo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

¿Por qué importa?

La petición surge semanas después de que una investigación de un consorcio internacional de periodistas revelara que distintos gobiernos autoritarios utilizaron el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para espiar a activistas, periodistas y opositores.

El contexto:

• De acuerdo con la agencia Proceso, la instrucción del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) derivó de la petición de una persona que requirió a la FGR diversa información estadística, correspondiente al periodo enero 2018-diciembre 2020.

• Ésta se relaciona al número de solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas, así como las versiones públicas de dichos requerimientos, realizadas a autoridades y directamente a concesionarias de telecomunicaciones, autorizadas o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos.

Los detalles:

• El comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, hizo un llamado a la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero no sólo a liberar dicha información, sino también informar sobre el número de averiguaciones previas concernientes a dichas intervenciones de comunicaciones privadas para extracción y acceso a datos conservados en 2019 y 2020.

• Además, está obligado a dar a conocer el total de carpetas de investigación y la cifra de aquellas que permanecen abiertas, especificando la cantidad en las que se ejerció la facultad de abstenerse de investigar, las que se encuentran archivadas temporalmente, en cuáles se decretó el no ejercicio de la acción penal o se celebraron acuerdos reparatorios, entre otros datos estadísticos.

• “La información requerida se refiere específicamente a los documentos que dan cuenta de intervención a comunicaciones privadas que realiza el agente del Ministerio Público de la Federación con motivo de la investigación de un delito en materia de delincuencia organizada y previa autorización de una autoridad judicial”, expresó Alcalá Méndez en declaraciones recabadas por Proceso.

• “(Las solicitudes de intervención a comunicaciones privadas) Son un tema sumamente relevante por la invasión y el control que se podría tener sobre una persona, por lo que el actuar de las autoridades debe encontrarse apegado al marco legal correspondiente”, agregó el funcionario.