¿Quién le mintió a la presidenta?

¿Quién está empujando a la presidenta Claudia Sheinbaum a una confrontación sin salida con el gobierno de Donald Trump, con las agencias de seguridad y con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? La pregunta importa porque sólo así se entiende la postura que la inquilina de Palacio Nacional tomó en contra del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial. “Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin el permiso del gobierno”, cuestionó Sheinbaum. La tesis es que no se informó a la cancillería, a Gobernación, ni a las Fuerzas Armadas.

En apariencia, el reclamo parece ser un instrumento para amplificar el discurso de soberanía nacional de la Cuarta Transformación, una segunda versión de la denuncia que Sheinbaum hizo del involucramiento de agentes de la CIA para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua. Es decir, el reclamo sería un vehículo político para justificar una cruzada contra un gobernador panista que disputará su sucesión en la elección de 2027. Mauricio Kuri, además, ha comunicado a su entorno que pretende ser factor de decisión en los comicios de 2030. No descarta su posible participación como un potencial candidato presidencial de oposición. En parte, esto es un movimiento político-electoral.

Sin embargo, en el corto plazo, en el contexto de la investigación en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Beltrán y de las revelaciones de la OFAC por los vínculos criminales del círculo íntimo de la gobernadora bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila, las palabras de Sheinbaum deben ser interpretadas desde otro ángulo. La presidenta fue exhibida como una jefa de Estado desconectada de la realidad de su gobierno.

Primero, porque mostró a Sheinbaum como alguien que opera con información falsa o incompleta. El gobernador Kuri publicó el oficio que envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para avisar de la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, además de notificar también a Seguridad, Defensa y Marina. El documento tiene el sello de recibido de la cancillería. Es falso, como dijo la presidenta, que se mantuvo al margen a la oficina del secretario Roberto Velasco. ¿La presidenta mintió deliberadamente o le ocultaron la información? Al final, ella es quien paga el costo político y la confrontación con Washington.

Segundo, y más importante, el discurso de Sheinbaum está desconectado completamente de los acuerdos concretos de colaboración que su propio gabinete de seguridad federal ha signado con la administración de Donald Trump. No está al tanto de la política de seguridad nacional. No sorprende que, en círculos de inteligencia, repitan que Sheinbaum jamás fue informado del operativo del Ejército para abatir a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De hecho, el divorcio con la realidad no podría ser mayor en esta coyuntura. Los reclamos de Palacio Nacional al embajador Johnson contrastan radicalmente con la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de enviar 500 elementos de fuerzas especiales a capacitación en Estados Unidos, de desplegar a otros 500 militares en la frontera con Texas a petición del Comando Norte del Ejército norteamericano y de capturar a objetivos criminales de alto perfil utilizando inteligencia estadounidense. En Lomas de Sotelo, en el despacho del general secretario Ricardo Trevilla, se tomó la decisión de que el futuro de México y del Ejército mexicano está ligado a Washington. En la Secretaría de Marina, lo mismo: la Unidad de Inteligencia Naval ha desarrollado una inusitada relación de coordinación con la CIA, de acuerdo a un reporte del portal especializado Intelligence Online. ¿Lo sabe la presidenta?

La pregunta es pertinente porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber acusado recibo. En su monólogo de reaparición, envió un mensaje velado a la Secretaría de la Defensa Nacional: usando la analogía de la Decena Trágica de Victoriano Huerta en 1913, acusó al “Ejército traidor” de aliarse con las fuerzas de intervención extranjera del embajador norteamericano.

Para Estados Unidos, la colaboración con las Fuerzas Armadas mexicanas y con el secretario García Harfuch es un asunto de seguridad nacional. El fin de semana, el Comando Norte anunció el despliegue de 500 militares estadounidenses a la frontera para reforzar la vigilancia por tierra y aire contra los cárteles. Acusaron que una organización criminal, desde territorio del Cártel del Golfo en Tamaulipas, atacó a la Guardia Costera. Lejos de denunciar el ataque, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas del atentado. La respuesta del embajador Johnson fue reveladora. Refiriéndose al despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona, declaró: “Los  comandantes mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadounidenses desplegadas en el terreno”. Una afirmación contundente que dejó de relieve, en público, que la presidenta Sheinbaum no interviene en la agenda de  seguridad bilateral.

Cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, y el propio presidente Trump reconocen que nunca había habido tanta cooperación con México, se refieren a esta política de alineación de las Fuerzas Armadas mexicanas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch con la agenda de seguridad hemisférica del Pentágono. No obstante, cuando Washington reclama que México no está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles, la queja va dirigida a las redes de protección política del gobierno de Morena.

La prueba más significativa está en las recientes sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro: la OFAC designó como protectores del Cártel de Sinaloa al ex esposo de la gobernadora de Baja California, a su ex cuñado, al principal contratista empresarial del estado y al ex jefe de Seguridad Pública de Mexicali, cercano también a Marina del Pilar Ávila. En Washington no olvidan que la elección de Baja California se operó de la mano de Adán Augusto López y de Mario Delgado. Por eso, la OFAC incluyó en su lista de sanciones a Rafael Buenrostro, ex asesor de Marina del Pilar Ávila, ex funcionario de la Aduana de Ciudad Juárez y presunto enlace de campaña con Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”. ¿El mensaje? Para el gobierno de Donald Trump, México es un “narcoestado”.

En el fondo, esta esquizofrenia política, la desconexión de Palacio Nacional con la realidad, es el factor que mejor explica el divorcio silencioso dentro del Estado mexicano. La diatriba de Sheinbaum contra el gobernador Mauricio Kuri y contra el embajador Ronald Johnson es una radiografía de esta divergencia. Por eso se insiste, ¿quién está empujando a la presidenta Claudia Sheinbaum a una ruptura sin salida con Washington?