Audomaro Martínez reservó declaración patrimonial hasta 2029

¿Qué pasó?

• Audomaro Martínez Zapata, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dejó bajo reserva por cinco años su declaración patrimonial y la del personal del organismo, de acuerdo con la resolución CNI/CT/080/24/01 obtenida originalmente por El Universal. La información permanecerá fuera de consulta pública hasta septiembre de 2029.

• La resolución fue firmada personalmente por Martínez el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su gestión al frente del CNI.

• El documento determinó que las declaraciones no fueran visibles en DeclaraNet ni en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) durante el periodo establecido. La medida no se limitó a Martínez: comprende también a otros servidores públicos del CNI.

• El CNI justificó la reserva bajo el argumento de seguridad nacional. La resolución sostiene que divulgar esta información podría facilitar la identificación de personal de inteligencia y exponerlo a amenazas o extorsiones de organizaciones criminales, encaminadas a obtener información sobre las operaciones del organismo.

• La decisión fue cuestionada por los ex comisionados del INAI, Adrián Alcalá y Julieta del Río. Ambos señalaron que pertenecer a una institución de seguridad no necesariamente justifica reservar en bloque una declaración patrimonial, particularmente cuando la legislación contempla versiones públicas que excluyen información sensible.

¿Por qué importa?

• El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas, con excepción de los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o datos personales protegidos constitucionalmente. La legislación vigente de transparencia también contempla la publicación de versiones públicas de estas declaraciones.

• La reserva adquiere relevancia porque fue decretada por el propio titular del organismo cuya información se clasificó. La legislación aplicable al CNI otorgaba a su director general funciones que ordinariamente corresponderían a un Comité de Transparencia, una particularidad reconocida por el ex comisionado Adrián Alcalá.

• Existe además un precedente de la Suprema Corte. En 2023, el Pleno ordenó entregar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares vinculados al AIFA al considerar que no se acreditó un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional.

Los detalles:

• La resolución no significa que Martínez estuviera exento de presentar su declaración patrimonial. La controversia se refiere a su publicidad: los servidores públicos continúan sujetos a las obligaciones de declaración y a los mecanismos de control previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• La ley distingue entre la información patrimonial susceptible de ser pública y los datos que deben protegerse por razones de privacidad. La Secretaría de la Función Pública -hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno- explicó en 2024 que no todos los datos contenidos en una declaración son públicos, precisamente porque existen rubros protegidos.

• Adrián Alcalá consideró que la causal de seguridad nacional está prevista legalmente, pero cuestionó que una reserva general pueda sostenerse únicamente bajo el argumento de que todo el personal del CNI realiza labores relacionadas con seguridad nacional.

• Julieta del Río sostuvo que la alternativa prevista por la normativa es elaborar una versión pública, suprimiendo la información sensible, en lugar de impedir el acceso a la totalidad del documento.

El contexto:

• Audomaro Martínez, general retirado del Ejército, fue director del Centro Nacional de Inteligencia durante todo el sexenio de López Obrador, de 2018 a 2024, convirtiéndose en una de las principales autoridades del aparato federal de inteligencia.

• En paralelo a su trayectoria pública, investigaciones periodísticas han documentado actividades empresariales de familiares de Martínez en los sectores de combustibles, seguridad privada e inmobiliario. El Financiero reportó que compañías vinculadas a su esposa y a uno de sus hijos han recibido contratos de instituciones públicas.

• Entre los casos documentados se encuentra Sedegral Seguridad Privada, empresa en la que su hijo Óscar Audomaro Martínez Hernández ha sido identificado como accionista y que recibió en 2024 un contrato superior a 98 millones de pesos para labores de vigilancia del Ferrocarril del Istmo.

• De acuerdo a testigos, Audomaro Martínez Zapata fue un enlace importante de Sergio Carmona, el llamado ‘Rey del Huachicol’, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La relación está bajo escrutinio en México y en Estados Unidos.