Se le complica a Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entró en una nueva racha en contra que podría darle serios dolores de cabeza a su sucesión 2027. Y es que, cuando parecía que ya había superado la petición legislativa del juicio político, el mandatario Fosfo Fosfo abrió dos expedientes muy delicados.

El primero fue el de anunciar la institucionalización de “el moche” a las empresas de Nuevo León. Públicamente y sin pudor alguno, Samuel García les dijo a los hombres de negocios de la capital industrial de México que si pasaban a dejar, por fuera, aportaciones económicas en la charola del Estado, se les daría trato preferencial. Nada de ser molestados, facilitación de trámites, buenos oficios con el SAT y hasta bautizó el “moche legal” con el nombre de “Ponte Nuevo” o “Cero Clausuras”. Mejor debería ser “Ponte a Modo”.

El hecho de que Samuel García anuncie la suspensión de inspecciones, auditorías y clausuras a empresas que ya pagan sus impuestos y sus obligaciones, siempre y cuando den gratificaciones extra, fuera de la ley, por debajo de la mesa, sin transparencia, es un delito flagrante.

Quizás, por ello, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León abrió ya una investigación de oficio contra quiénes resulten responsables por el delito de cohecho. La denuncia se finca con la información que se dio a conocer sobre ofrecimientos del gobernador de no molestar con inspecciones y auditorías a empresarios que hicieran aportaciones económicas al gobierno del estado. De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, “la carpeta quedó abierta por el delito de cohecho y contra quién o quiénes resulten responsables”.

¿Alguien en sus cinco sentidos puede darle legitimidad a los “moches” de “Ponte Nuevo” o “Cero Clausuras” sin que eso tenga una consecuencia legal por desconocerse de dónde viene el dinero y a dónde va a parar?

De hecho, ayer mismo, la Comisión Permanente del Congreso de Nuevo León votó por mayoría -sólo con el voto en contra de la legisladora Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano- la exigencia de solicitar al gobernador Fosfo Fosfo que informe sobre los criterios, mecanismos, beneficios, compromisos y reglas de operación bajo los que se implementa el programa “Cero Clausuras”. ¿Qué dice de esto Dante Delgado, el llamado “líder moral” de Movimiento Ciudadano?

Para cerrar el círculo, la disputa federalista entre los alcaldes de Nuevo León y el gobernador Samuel García alcanza su clímax cuando, ayer miércoles, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una demanda penal contra el gobierno de Samuel García.

El hecho es que, tanto la Tesorería como el Instituto de Control Vehicular tienen retenidos los fondos de distintas administraciones municipales. La denuncia está fincada en el requerimiento  que los alcaldes hicieron el pasado 13 de julio sobre la no entrega de cobros de multas y otros ingresos que el Estado adeuda a municipios, sobre todo, de oposición. Y desde aquel extrañamiento por escrito, ni el gobernador Samuel García ni autoridad alguna acusaron recibo. Guardaron silencio.

En su denuncia penal, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, reclama la retención de 313.5 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Municipal, además de otros fondos y aportaciones estatales, y el cumplimiento de los convenios con el Instituto de Control Vehicular por multas de tránsito municipales cobradas por el organismo estatal. En pocas palabras, abierto “jineteo”.

Y se da por hecho que, a la denuncia penal regia, se sumen en los próximos días una docena de denuncias de otros alcaldes que se cansaron de que sus participaciones de ley hayan sido desviadas para obras o actividades que no corresponden a su destino.

Súmele a todo ello la incapacidad para concretar -ya entrado agosto- el Presupuesto Estatal de 2026 y la falta de ratificaciones del tesorero del gobierno de Nuevo León, Ulises Carlin, y la conclusión es que, en la entidad que solía presumirse ejemplo nacional de eficiencia y manejo transparente de sus recursos, las malas prácticas se instalaron para que la llamada Capital Industrial de México viva su peor crisis de finanzas públicas, con la deuda más elevada de cualquiera de las 32 entidades de México.

Y para dejarle la cereza en el pastel de la opacidad, el mismo gobierno de Samuel García rechazó dar cuentas de los gastos del Fan Fest operados durante el Mundial FIFA 2026, en el Parque Fundidora. Dicen que están reservados porque son “secreto industrial y comercial”. Y si así es, ¿por qué sí se dieron a conocer esos gastos en la Ciudad de México, de Clara Brugada, y en Jalisco, de Pablo Lemus?

Lo dicho. Al gobernador Samuel García se le está “haciendo bolas el engrudo” de  su transición 2027 que con “moches”, denuncias penales y opacidad en las cuentas futboleras, el futuro pinta “Negro Negro” para el estado “Fosfo Fosfo”.