¿Narcoterrorismo en México?

Salamanca, Guanajuato. 19 de septiembre.

Dos personas a bordo de una motocicleta entregan un paquete con globos y decoraciones al gerente de un bar, quien ese día celebraba su cumpleaños.

Al abrirlo se registra una fuerte detonación, matando al empleado del establecimiento, al dueño de este y lesionando gravemente a los dos individuos que viajaban en la motocicleta.

Aunque aún no se conoce el móvil del ataque ocurrido frente al bar Barra 1604, la fuerte presencia de grupos del crimen organizado en dicha localidad guanajuatense apunta a una posible represalia que -dados los métodos- tendría como objetivo lanzar un claro mensaje intimidatorio.

“En el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo”, puntualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, este lunes.

El estado de Guanajuato se ha convertido en los últimos años en terreno de disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes pelean los lucrativos negocios del robo de combustible, derecho de tránsito de droga y cobro de piso a comerciantes, entre otros.

Y aunque la guerra por Guanajuato la ha convertido en una de las entidades más violentas de México, el atentado de este domingo ha acrecentado la preocupación en torno a la estrategia de seguridad y a la procuración de justicia, a nivel federal pero también local.

El gobernador Diego Sinhue no dudó al calificarlo como un acto terrorista. “No hay otra manera de calificarlo”, dijo Sinhue, de extracción panista. “Un hecho lamentable”.

En un tono similar, la senadora panista Kenia López Ramadán también lo llamó un acto terrorista. “Por supuesto que son actos de terrorismo, por supuesto que es necesario que haya una investigación eficiente. Es más, es oportuno que la FGR atraiga el caso, son lamentables las pérdidas de vida”, respondió

Asimismo, las palabras del presidente López Obrador frente a lo sucedido en Salamanca han alimentado la narrativa de que podría tratarse de un ataque terrorista, hecho que llama la atención dada su costumbre de minimizar las atrocidades perpetradas por el crimen organizado.

Guanajuato, estado de confrontación

En el terreno político, Guanajuato representa un firme bastión de oposición al gobierno de la 4T. Y aunque el presidente ha evitado la confrontación directa con el gobernador panista Diego Sinhue, no ha escatimado señalamientos contra el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

“No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador el pasado 16 de julio en conferencia mañanera.

En 2009, Zamarripa tomó el cargo con una tasa de cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy, ese indicador se ha multiplicado a casi 60.

De acuerdo con el reporte Hallazgos 2019, de los 4,994 homicidios registrados en Guanajuato en ese año, apenas el 13 por ciento tuvo al presunto responsable frente a un juez.

Más allá de los señalamientos al fiscal Zamarripa, la descomposición social que se vive en la entidad del Bajío no ha sido desaprovechada por el mandatario federal.

“Miren, Guanajuato, 10 homicidios, pero esto es de todos los días, estamos hablando del 15 por ciento de los homicidios del país”, destacó hace apenas dos meses.

Por lo pronto, el presidente López Obrador indicó que existe la probabilidad de que la Federación se encargue de investigar la ocurrido y determinar si, en efecto, se podría catalogar el ataque como un atentado terrorista. “Es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse del uso de explosivos y se va a investigar”, dijo.

Mientras tanto, el asediado Guanajuato se perfila a seguir siendo terreno de disputa criminal y política. Terror permanente.