19 de octubre 2020
Seguridad
Segundo mando de la GN es militar y se encargó de la seguridad de EPN
Pese a que la reforma constitucional ordenaba que el nuevo cuerpo de seguridad fuera separado de la estructura castrense, los hechos demuestran que esto no es así.
Por Redacción Magenta
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Una demanda de amparo promovida desde dentro del Ejército mexicano lo confirma: la Guardia Nacional (GN) no está controlada por mandos civiles, sino militares.
El documento, obtenido por el portal Animal Político, recuenta cómo mandos militares pueden decidir, de un día para otro, quién permanece en la Guardia o quién es regresado a otra área de las fuerzas armadas, sin intervención de una autoridad civil de por medio.
De hecho -indica el medio- es la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que interviene en los nombramientos y hasta en la atención a víctimas de la propia institución.
El amparo fue promovido por por una Mayor del propio Ejército Mexicano que se desempeñaba como Directora de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional, y quien fue removida de su cargo y enviada como fiscal militar a Reynosa, Tamaulipas, por orden de la Sedena. Esto, tras presuntamente inconformarse por la participación de una unidad de militares en la atención de una víctima de efectivos de la GN.
A la cabeza de los mandos que giraron la orden está el general Brigadier Diplomado de Estado Mayor Inocente Prado López, Comisario Jefe titular de la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional y, simultáneamente, Comandante de la Policía Militar de la Sedena. Jerárquicamente, Prado López solo está por debajo del comandante Rodríguez Bucio en la GN.
Prado se desempeñó en el sexenio pasado como Jefe de Guardias Presidenciales adscrito al Estado Mayor Presidencial. El medio lo describe como “uno de los principales encargados de la seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto”.
El amparo ya fue admitido por el juez federal Víctor Luna Escobedo, adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México, bajo la causa penal 694/2020.