2021: ¡Apunten!

El PRI y el PAN están en la antesala de vivir los peores días en una pesadilla que los podría colocar en el precipicio electoral en el 2021.

La judicialización de los casos de Emilio Lozoya y de César Duarte en México y los de Genaro García Luna y Joaquín “El Chapo” Guzman en los Estados Unidos, podrían ser el tiro de gracia para los partidos que dominaron la escena política de los últimos 90 años.

Esos cuatro casos amenazan con exhibir el enorme sistema de corrupción, componendas, negocios oscuros y complicidades, para preservar el poder, sobre todo en los últimos tres sexenios.

Primera Bala:
Lozoya apunta al PRI

Sobre la mesa está un arma que tiene nombre y apellido: Emilio Lozoya Austin.

La aceptación del ex director de Pemex para ser extraditado desde España abre la puerta a una negociación del más alto nivel.

Y ese acuerdo pasa inevitablemente por revelar, dentro del Expediente Odebrecht, a dónde fueron a parar los millones de dólares con los que la constructora brasileña logró penetrar las estructuras del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lozoya fue el negociador, pero dice que no fue el receptor final. Que los dineros los entregó para la campaña presidencial del 2012, en donde Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong jugaban un papel central en el comité de financiamiento.

Si lo dicho por Lozoya es ratificado ante la Fiscalía y las pruebas son turnadas al Tribunal Federal Electoral, podría abrirse un expediente que eventualmente culmine con la cancelación del registro del partido.

Un daño colateral en las confesiones de Lozoya serían las presuntas gratificaciones que desde la dirección de Pemex y por órdenes superiores se le dieron a decenas de legisladores de todos los partidos para apoyar en 2013 la aprobación de la Reforma Energética.

De confirmarse esa presunción, el gobierno de la Cuarta Transformación tendría elementos para demostrar que la aprobación legislativa para abrir las puertas a la inversión privada nacional y extranjera al sector energético se vio impregnada de corrupción.

Segunda Bala:
César Duarte y el 2015

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó de su visita a los Estados Unidos con un regalo bajo el brazo. Un arma cargada con otra bala que también tiene nombre y apellido: César Duarte.

El ex gobernador de Chihuahua, prófugo desde 2017, será extraditado a México y un acuerdo para mitigar su sentencia pasaría por judicializar la llamada Operación Safiro.

Bajo ese esquema, se presume que los mandatarios de siete estados habría entregado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI cientos de millones de pesos para apuntalar las campañas a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Eran los días en que Manlio Fabio Betrones era el presidente nacional del tricolor y su secretario adjunto era Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue recluido por proceso en el penal de Ciudad Juárez, acusado de presunto peculado por 1.7 millones de pesos.

Las imputaciones del caso fueron congeladas en octubre del 2018 por Eduardo Medina Mora, el ministro de la Corte quien le dio trámite a una controversia constitucional para detener las indagatorias contra Gutiérrez y en consecuencia contra el PRI. Medina Mora renunció a la Suprema Corte en octubre del 2019.

Y aunque el expediente contra el ex secretario adjunto del PRI ya se presume como cosa juzgada, las posibles nuevas revelaciones del ex gobernador Duarte podrían darle un vuelco que reviviera el caso y acabara judicializándose ante el Tribunal Federal Electoral.

Tercera Bala:
El Chapo – García Luna

La tercer arma sobre la mesa tiene dos balas que apuntan directamente al corazón del Partido Acción Nacional. Y más en concreto, al del ex presidente Felipe Calderón.

Esas dos balas también tienen nombre y apellido: Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna.

Tanto el jefe del Cártel de Sinaloa como el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno calderonista están en procesos judiciales en los Estados Unidos, acusados de narcotráfico y lavado de dinero.

Los expedientes de sus procesos podrían ser clave para determinar no solo las presuntas vinculaciones criminales entre el gobierno panista de Calderón, sino el involucramiento de esos recursos en campañas políticas de Acción Nacional.

Si el gobierno del presidente López Obrador convence al gobierno del presidente Donald Trump de facilitar todos los expedientes y las declaraciones juramentadas, podría exhibirse el modus operandi que hizo del Chapo Guzmán el capo para acaudalado del planeta.

Y ese expediente podría abrir todo un proceso judicial en contra el ex presidente Calderón que colocaría al Partido Acción Nacional en una delicada situación en la antesala de las elecciones.

¿Podrá el gobierno de la Cuarta Transformación, de la mano de Morena –el partido en el poder- hacer de estos cuatro expedientes sus armas secretas para retener el control mayoritario del Congreso? La guerra apenas empieza y el gobierno norteamericano ya dejó en claro con quién está jugando.